LA LEY DEL JURADO. CONSIDERACIONES GENERALES

La Ley del Jurado en España, regulada por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, establece un marco normativo detallado para la participación ciudadana en el sistema judicial español, específicamente en el ámbito del derecho penal. La institución del jurado, como se define en esta ley, tiene como objetivo principal involucrar a los ciudadanos en la administración de justicia, asegurando que los principios democráticos de participación y transparencia se reflejen en los procesos judiciales.

Esta ley, además, da cumplimiento a la Constitución Española de 1978, que en su artículo 125 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado.

La Ley del Jurado establece que el Tribunal del Jurado es competente para el enjuiciamiento de ciertos delitos graves, los cuales están detalladamente enumerados en la propia ley. Según el artículo 1, el Tribunal del Jurado se encarga de enjuiciar delitos contra las personas, como el homicidio (artículos 138 a 140 del Código Penal), las amenazas (artículo 169.1), la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196), y el allanamiento de morada (artículos 202 y 204). Además, la ley extiende su competencia a delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, incluyendo la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415), el cohecho (artículos 419 a 426), el tráfico de influencias (artículos 428 a 430), la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434), los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438), y las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).

La ley también abarca delitos contra el honor y delitos contra la libertad y la seguridad, proporcionando un marco claro para su aplicación en casos de gran relevancia social.

El Tribunal del Jurado se compone de nueve ciudadanos, acompañados por un magistrado que actúa como presidente, según lo dispuesto en el artículo 2 de la ley. Este magistrado no solo preside las sesiones, sino que también guía al jurado a lo largo del proceso, proporcionando las instrucciones legales necesarias y asegurando que las deliberaciones se realicen de acuerdo con las normas establecidas. La presencia de un magistrado experimentado es fundamental para el funcionamiento adecuado del jurado, ya que ayuda a garantizar que los jurados comprendan plenamente sus deberes y las implicaciones de sus decisiones.

La selección de los jurados es un proceso cuidadosamente estructurado, diseñado para garantizar la representatividad y la imparcialidad. Conforme al artículo 13, se elaboran listas de candidatos a jurado mediante un sorteo público basado en el censo electoral. Los ciudadanos seleccionados tienen la obligación de participar, salvo que puedan demostrar causas legítimas para su excusa, como se detalla en los artículos 8 y 12. Estas causas incluyen razones personales o profesionales que impidan a una persona cumplir con sus deberes como jurado. Las excusas deben ser presentadas y justificadas ante el tribunal, y es el magistrado-presidente quien decide sobre su aceptación o rechazo.

La ley también prevé causas específicas de recusación para garantizar la imparcialidad del jurado. Según el artículo 21, las partes en el juicio, tanto la defensa como la acusación, pueden solicitar la recusación de un jurado por varias razones, incluyendo la falta de requisitos legales, la existencia de relaciones personales o profesionales con alguna de las partes, y cualquier otro motivo que pueda comprometer la imparcialidad del jurado. La recusación se basa en la premisa de que todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo, y que este derecho puede verse comprometido si los jurados tienen prejuicios o intereses personales en el resultado del caso.

Además de las excusas y las recusaciones, la ley establece un proceso para manejar situaciones en las que el número de jurados disponibles sea insuficiente para proceder con el juicio. En tales casos, se realiza un nuevo sorteo para completar el número requerido de jurados, garantizando así que el tribunal pueda llevar a cabo sus funciones sin retrasos innecesarios.

Una de las preocupaciones más significativas en la práctica del jurado es la posibilidad de que los jurados sean influenciados por factores externos, especialmente en casos muy mediáticos. La Ley del Jurado no menciona explícitamente la exclusión de jurados por ser "influenciables", pero sí establece mecanismos para asegurar la imparcialidad y objetividad de los jurados. En la práctica, se reconoce que la exposición a la cobertura mediática intensa puede predisponer a los jurados, afectando su capacidad para tomar decisiones imparciales. Esto es particularmente preocupante en casos que han recibido una atención mediática sustancial, donde la opinión pública y las presiones sociales pueden influir en la percepción de los jurados.

Para mitigar este riesgo, la ley confiere al magistrado-presidente un papel esencial en la instrucción y guía de los jurados. El artículo 54 establece que el magistrado debe proporcionar instrucciones claras sobre la ley y las normas de procedimiento, asegurando que los jurados comprendan que su decisión debe basarse únicamente en las pruebas presentadas durante el juicio y no en información externa o prejuzgada. En casos extremos, donde la influencia externa sea una preocupación significativa, el magistrado puede optar por medidas adicionales, como el aislamiento de los jurados o restricciones en el acceso a los medios de comunicación durante el juicio.

La ley también aborda el proceso de deliberación y votación del jurado. Según el artículo 55, los jurados deben deliberar en secreto, sin la presencia de las partes o del público, para asegurar que sus discusiones sean libres y honestas. La votación se realiza de manera nominal y, para que un veredicto de culpabilidad sea válido, se requiere una mayoría de al menos siete de los nueve jurados, según se establece en el artículo 58. Esta mayoría cualificada garantiza que la decisión no se tome a la ligera y que refleje un consenso significativo entre los jurados.

El veredicto del jurado se documenta en un acta formal, donde se registran las respuestas a cada pregunta y la votación correspondiente. Esta acta es presentada al magistrado-presidente, quien la revisa para asegurarse de que se haya cumplido con todos los procedimientos legales y que el veredicto esté debidamente justificado. Si el magistrado detecta algún defecto en el proceso o en el contenido del veredicto, tiene la autoridad para devolver el acta al jurado con instrucciones para que subsanen los errores, como se establece en el artículo 63.

El proceso de formular preguntas específicas y dirigir el debate del jurado es una herramienta poderosa para asegurar la justicia y la equidad en los juicios con jurado. A través de un control cuidadoso y una orientación clara, el magistrado-presidente puede asegurar que los jurados lleguen a un veredicto informado y basado únicamente en las pruebas y la ley. Este enfoque también refuerza la transparencia y la legitimidad del proceso judicial, ya que las decisiones del jurado son el resultado de un análisis estructurado y objetivo de los hechos.

Una vez que se han presentado todas las pruebas y se han escuchado los argumentos de ambas partes, el magistrado-presidente tiene un papel crucial en la orientación de los jurados hacia un veredicto justo y fundamentado. Este proceso comienza con la preparación de preguntas específicas que se hacen a los jurados, un procedimiento detallado en los artículos 52 y 53 de la Ley del Jurado. Estas preguntas, conocidas como "cuestiones del veredicto", son fundamentales porque guían a los jurados en su evaluación de los hechos y les permiten emitir un veredicto basado en un análisis detallado de cada elemento del caso.

Por ejemplo, en un caso de homicidio, las preguntas formuladas por el magistrado podrían incluir: "¿Queda probado que el acusado fue quien causó la muerte de la víctima?" o "¿Queda probado que el acusado actuó con intención de matar a la víctima?". Estas preguntas buscan desglosar el caso en elementos específicos que los jurados puedan considerar por separado, asegurando que cada aspecto crucial del delito sea evaluado de manera exhaustiva. Además, las preguntas pueden abordar posibles circunstancias atenuantes o agravantes, como: "¿Queda probado que el acusado actuó bajo la influencia de un estado emocional intenso e incontrolable?" o "¿Queda probado que el acusado planeó el crimen con antelación?". Estas cuestiones permiten a los jurados considerar factores que pueden influir en la gravedad del delito y, por consiguiente, en la sentencia.

El magistrado-presidente también debe proporcionar una guía clara sobre cómo los jurados deben interpretar las pruebas y aplicar los principios legales relevantes. Según el artículo 54, el magistrado debe explicar a los jurados los principios fundamentales, como la presunción de inocencia y el estándar de "más allá de toda duda razonable". Además, el magistrado puede responder a las preguntas que los jurados puedan tener durante sus deliberaciones, proporcionando las aclaraciones necesarias para asegurar que comprendan plenamente sus deberes y la aplicación de la ley.

La estructura y claridad de las preguntas, junto con las instrucciones detalladas del magistrado, ayudan a garantizar que los jurados se mantengan enfocados en los aspectos relevantes del caso y tomen decisiones basadas en la evidencia y no en prejuicios o influencias externas. Este enfoque no solo protege los derechos del acusado, sino que también fortalece la integridad del sistema judicial y refuerza la confianza pública en la administración de justicia.

En definitiva, las preguntas que el juez formula a los jurados y las instrucciones que proporciona son fundamentales para guiar el proceso de deliberación y asegurar que el veredicto sea justo y acorde a la ley. Este proceso no solo protege los derechos del acusado, sino que también refuerza la confianza pública en la imparcialidad y la integridad del sistema judicial. Al permitir que ciudadanos comunes participen directamente en la administración de justicia, la Ley del Jurado en España no solo cumple con un mandato constitucional, sino que también promueve un sistema de justicia más participativo, transparente y representativo. La Ley del Jurado en España debe asegurar que la justicia no solo se haga, sino que también se perciba como tal, reflejando así el compromiso del país con los principios democráticos y la integridad judicial.

Javier Vilavert.

Abogado Penalista